El Juzgado de Primera Instancia número dos de Chiclana dictó un auto de adopción de medidas cautelares en el que decidió que José Pedro Butrón, José Antonio Blanco y los componentes del anterior Consejo Local chiclanero «son afiliados de la formación IULV-CA» y declaró de «plena vigencia» el Consejo Local que la Asamblea Local «decidió en su día».
Asimismo, el auto, al que tuvo acceso Europa Press, recoge también que se libre los mandamientos oportunos al alcalde de Chiclana de la Frontera y al secretario del Ayuntamiento «para que esta resolución pueda llevarse a efecto».
En los fundamentos de derecho, el auto señaló que «no existe documentación alguna de la que resulte la expulsión o sanción a los referidos militantes» e indicó que «de hecho, el propio coordinador regional del partido afirmó en la vista que no había expedientes de expulsión».
Por su parte, en el caso de José Pedro Butrón, cuya situación es diferente al resto de miembros del Consejo Local, el auto reflejó que se reconoce la existencia de un procedimiento sancionador, aunque IU «no aporta la resolución firme por la que se acuerda la expulsión».
En este sentido, recogió que no puede dar valor al documento aportado el día de la vista en el que refleja que la Comisión de Arbitrajes y Garantías no resuelve los recursos presentados al considerar que los recurrentes (entre ellos Butrón) no forman parte de la organización, «cuando lo que precisamente se discutía era su suspensión de militancia». El auto señaló a este respecto que «tal decisión encierra un círculo vicioso difícilmente aceptable».
Así, una vez aceptado que los demandantes son militantes, «no puede sino concluirse que los demandantes forman parte de la Asamblea Local de IULV-CA en Chiclana, al no existir procedimiento sancionador alguno que acuerde su expulsión ni resolución firme al respecto para el caso de que se hubiese incoado algún expediente en ese sentido».
En cuanto a la creación de una Gestora Municipal, el auto al que tuvo acceso Europa Press señaló que «no puede darse por válidamente constituida», por los «agravios comparativos» existentes con respecto a otras corporaciones y su política de pactos (que fue lo que motivó todo este proceso), además de porque «la creación de dicha gestora ha de sujetarse a unos principios mínimos de funcionamiento democrático y que los propios estatutos reconocen para el caso de conflictos políticos, donde debe darse audiencia a los militantes afectados», lo cual «no se ha acreditado mínimamente tal circunstancia».
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